Las profesoras de Derecho cuestionan la interpretación de la Ley 21.421 aplicada por el Ministerio de Justicia y advierten que el interés superior de niños, niñas y adolescentes debe ser una consideración primordial. Laura Albornoz precisó que, a su juicio, el ministro no puede revocar los actos administrativos ya realizados, pero debe revisar el criterio que utilizará en adelante.

La controversia por las 56 rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad sumó un nuevo pronunciamiento. Dieciocho académicas de Derecho de distintas universidades chilenas, entre ellas la exministra Laura Albornoz Pollmann, suscribieron una carta dirigida al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, en la que manifiestan su preocupación y disconformidad con las decisiones conocidas públicamente.

En el documento, las firmantes cuestionan la interpretación de la Ley 21.421 de 2022 y emplazan al secretario de Estado a considerar las obligaciones de Chile en materia de protección de niños, niñas y adolescentes.

El emplazamiento de las académicas

En su carta, las profesoras de Derecho manifiestan su «absoluta preocupación y disconformidad» con las rebajas de condena y reivindican la posición que Chile debe mantener en la defensa de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

Las firmantes convocan expresamente al ministro Rabat a interpretar la Ley 21.421 «en su verdadero sentido y alcance». El texto de las académicas señala:

La reforma de 2022 modificó la Ley 19.856, que regula la reducción de condenas por comportamiento sobresaliente, para excluir de ese beneficio a personas condenadas por determinados delitos sexuales contra menores de edad. Sin embargo, su aplicación a delitos cometidos antes de la entrada en vigor de la reforma ha dado lugar a interpretaciones jurídicas contrapuestas.

El Gobierno sostiene que aplicar retroactivamente la exclusión podría vulnerar las garantías de las personas condenadas. Las críticas, en cambio, apuntan al criterio administrativo utilizado por el Ministerio y a la necesidad de considerar las obligaciones reforzadas del Estado respecto de las víctimas.

En este contexto, las académicas advierten que el interés superior de niños, niñas y adolescentes debe ser una consideración primordial al resolver solicitudes que puedan modificar el cumplimiento de condenas por delitos sexuales. Su declaración también plantea la preocupación por el peligro que una eventual libertad del agresor podría representar para la seguridad personal de las víctimas.

Laura Albornoz: revisar el criterio para las futuras decisiones

En una declaración audiovisual enviada a Lenka Noticias, la exministra Laura Albornoz profundizó en los fundamentos del emplazamiento y precisó el alcance de lo solicitado al titular de Justicia.

Albornoz explicó que, a su juicio, el ministro no puede revocar por sí mismo los actos administrativos ya realizados, pero sostuvo que debe cambiar el criterio utilizado para resolver las solicitudes futuras. La precisión es relevante porque distingue las decisiones que ya produjeron efectos de aquellas que todavía pueden adoptarse bajo una interpretación administrativa diferente.

La exministra también vinculó la discusión con los compromisos internacionales asumidos por Chile para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a la violencia sexual.

El planteamiento de las académicas, por tanto, no se limita a expresar disconformidad con las rebajas conocidas. También busca incidir en la manera en que el Ministerio de Justicia interprete y aplique la legislación en adelante.

La carta de las 18 académicas incorpora una exigencia concreta: que la autoridad no examine las solicitudes de reducción de condena únicamente desde la situación jurídica del condenado, sino que también considere las consecuencias que sus decisiones pueden tener para las víctimas.