El mandatario afirmó que el Estado les falló a las víctimas y sus familias. Anunció una revisión caso a caso de los decretos, comprometió una iniciativa legal para impedir nuevas rebajas de condenas y solicitó al Congreso acelerar su tramitación. Adicionalmente, respaldó la continuidad del ministro de Justicia y Derechos Humanos.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció la suspensión de toda tramitación de rebajas de condenas para personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, junto con una revisión individual de los decretos relacionados con estos beneficios. La decisión fue comunicada en una declaración pública en la que reconoció la gravedad de lo ocurrido y asumió la responsabilidad política correspondiente a su Gobierno.

“Por eso hemos suspendido toda tramitación de rebaja de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores”, afirmó el mandatario, quien aseguró que se utilizarán las herramientas legales y administrativas disponibles para revisar las decisiones adoptadas.

La declaración presidencial se produjo 5 días después de iniciada la controversia por las rebajas de condenas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, situación que ha generado cuestionamientos sobre las decisiones administrativas y las responsabilidades de las autoridades involucradas.

Kast: “El Estado les falló”

Uno de los momentos centrales de la intervención fue el reconocimiento del daño causado a las víctimas y sus familias. “A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes, algunos adultos, y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado les falló”, sostuvo el Presidente.

El jefe de Estado afirmó que durante los últimos años se otorgaron rebajas de condenas a más de 300 personas condenadas por abuso sexual y violación de niños. Sin embargo, omitió que el mismo presidente Gabriel Boric rechazó firmar este tipo de beneficios a abusadores sexuales, pero que fueron igualmente considerados tras las decisiones de la Corte Suprema.

A renglón seguido, el mandatario reconoció eso sí, que no existe justificación técnica, jurídica o administrativa que permita explicar a una víctima que su agresor pueda salir anticipadamente de la cárcel. “Como Presidente en ejercicio, me toca asumir la responsabilidad que corresponde como Gobierno, que va más allá del Poder Ejecutivo”, expresó.

Ministro Fernando Rabat continuará en sus funciones

Pese al reconocimiento de responsabilidad, Kast descartó remover al ministro Fernando Rabat, quien ha sido cuestionado por su participación en la controversia, ya que a su juicio, la salida de un ministro y su equipo podría generar una respuesta política inmediata, pero no resolvería el problema de fondo. “El ministro Rabat ha reconocido la gravedad de lo ocurrido y está trabajando para corregirlo. He decidido que continúe en sus funciones”, anunció.

El Presidente también descartó centrar la discusión en las responsabilidades de administraciones anteriores. “Tampoco vamos a buscar culpables en el pasado. Este vacío existía desde hace años y nadie lo cerró”, señaló.

Revisión de decretos y proyecto de ley

Junto con suspender la tramitación de nuevas rebajas, el Ejecutivo anunció que examinará individualmente los decretos existentes para determinar qué medidas pueden adoptarse dentro del marco legal. Una situación que, tal como se ha expuesto durante los últimos días, podría haberse realizado antes de aprobar y firmar dichos beneficios a una cincuentena de abusadores sexuales condenados.

Kast sostuvo que el objetivo es utilizar todas las herramientas jurídicas y administrativas disponibles para revisar las decisiones y procurar que las personas condenadas por delitos sexuales contra menores cumplan íntegramente sus penas.

Además, comprometió la presentación de un proyecto de ley y el respaldo a mociones parlamentarias destinadas a impedir que quienes cometan estos delitos puedan acceder a futuras rebajas de condena.

En este sentido, el mandatario solicitó al Congreso Nacional tramitar estas iniciativas en el menor plazo posible y convocó a las distintas fuerzas políticas a respaldar una solución legislativa. “Esto no es una lucha de Gobierno con oposición. Esto es una lucha por la paz, la tranquilidad y el cuidado de nuestros niños”, afirmó.

Alcance de las medidas anunciadas

Aunque la declaración presidencial establece la suspensión de nuevas tramitaciones y la revisión de decretos ya dictados, no precisa cuántas rebajas podrían quedar sin efecto ni los mecanismos jurídicos concretos para revertir decisiones previamente adoptadas.

La diferencia es relevante: una suspensión administrativa de procedimientos pendientes no implica, por sí sola, la anulación de beneficios que ya hayan producido efectos legales. Tampoco se informó en la intervención un plazo específico para concluir la revisión de los casos ni para ingresar el proyecto de ley anunciado.

Al finalizar, Kast reiteró su compromiso con las víctimas y sus familias, y reconoció que el Gobierno enfrenta las consecuencias de sus propias decisiones.

“Hoy, frente a nuestro propio error, ese compromiso se pone a prueba. Y vamos a estar a la altura”, concluyó.