Seis bancadas parlamentarias acordaron iniciar el análisis jurídico de una eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y exigieron al presidente José Antonio Kast removerlo de su cargo. El diputado socialista Raúl Leiva cuestionó las explicaciones del Gobierno y planteó revisar los decretos que ya concedieron rebajas de condena.

La controversia por las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes abrió un nuevo frente político este viernes 23 de octubre. Las bancadas del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Democracia Cristiana, Partido por la Democracia y Partido Liberal anunciaron una ofensiva conjunta para exigir responsabilidades al Ejecutivo, fiscalizar las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y evaluar la presentación de una acusación constitucional contra su titular, Fernando Rabat.

En una declaración pública, las seis bancadas emplazaron directamente al presidente José Antonio Kast a remover al secretario de Estado, al considerar insuficiente la respuesta gubernamental frente a las rebajas de condena que han generado cuestionamientos políticos y jurídicos.

Para los parlamentarios, la responsabilidad no se limita al Ministerio de Justicia. Sostienen que el mandatario, como jefe de Gobierno y autoridad que designó a Rabat, debe responder políticamente por las decisiones adoptadas durante su administración.
La oposición también acordó solicitar una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados para que el ministro explique ante el Congreso el cambio de criterio aplicado a estos beneficios penitenciarios.

Acusación constitucional: equipos jurídicos ya trabajan en sus fundamentos

Uno de los principales acuerdos es iniciar la preparación de una eventual acusación constitucional. La decisión de presentarla formalmente todavía no está adoptada y dependerá del análisis de los antecedentes jurídicos y políticos que realicen las bancadas.
Al respecto, el diputado Raúl Leiva, jefe de la bancada socialista, confirmó que los equipos de oposición comenzaron ese trabajo conjunto. “Todos los equipos de las bancadas de oposición están trabajando en ello”, señaló el parlamentario, quien sostuvo que la iniciativa requiere fundamentos jurídicos que permitan determinar si existen responsabilidades constitucionales atribuibles al ministro.

La declaración conjunta establece que las bancadas comunicarán su definición el miércoles 28 de octubre. 

Leiva cuestiona la explicación del Gobierno: de la obligación legal a la suspensión

El parlamentario socialista también dirigió sus críticas al anuncio realizado este viernes por el Ministerio de Justicia, que informó la suspensión de la tramitación de decretos de rebaja de condena mientras impulsa modificaciones legislativas.

Leiva cuestionó que el Gobierno haya sostenido previamente que estaba obligado a conceder estos beneficios y posteriormente anunciara la posibilidad de suspender su tramitación. Según su planteamiento, esa diferencia exige una explicación jurídica y política sobre el fundamento utilizado para dictar los decretos anteriores.

El diputado fue más allá y pidió que el Ejecutivo examine los mecanismos previstos en la Ley 19.880, sobre procedimientos administrativos, para determinar si corresponde invalidar o revocar los actos que concedieron las rebajas. Se trata de una exigencia distinta de la suspensión anunciada por el ministerio: mientras esta última apunta a detener la tramitación de decretos, el planteamiento de Leiva busca revisar decisiones ya adoptadas.

La controversia por el supuesto vacío legal

Otro punto de discrepancia se relaciona con la interpretación de la legislación vigente.
El Ministerio de Justicia explicó que, tras analizar la normativa, identificó un vacío legal relacionado con la aplicación de restricciones a las rebajas de condena para personas sentenciadas antes de 2022. Por ello, anunció iniciativas legislativas destinadas a precisar los requisitos y las exclusiones del beneficio.

El parlamentario PS rechazó esa interpretación. En sus declaraciones, sostuvo que las normas discutidas corresponden a materias administrativas de ejecución de condenas y cuestionó que se invoque un vacío legal para justificar las decisiones. El parlamentario también hizo referencia a la jurisprudencia de la Corte Suprema, cuya interpretación considera relevante para resolver la controversia.

Sus argumentos constituyen una posición jurídica que deberá ser contrastada con los fundamentos del ministerio y las resoluciones judiciales correspondientes.

La respuesta del Ministerio de Justicia

Frente a los cuestionamientos, el ministro Fernando Rabat anunció la suspensión de la tramitación de los decretos y el impulso de modificaciones legales con discusión inmediata.
Entre las medidas informadas se encuentran cambios al procedimiento de reducción de condena por conducta intachable, nuevas reglas sobre las causales de exclusión y disposiciones destinadas a garantizar que las víctimas puedan ser escuchadas.

El Ejecutivo también anunció que impulsará el proyecto de ley que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, con el propósito de trasladar a jueces la resolución de determinadas solicitudes de beneficios penitenciarios que actualmente corresponden a comisiones especiales.

No obstante, la suspensión anunciada por el Ministerio de Justicia no revierte las rebajas de condena ya concedidas. Sus efectos son concretos: el seremi de Justicia de Valparaíso, Rafael González, confirmó que al menos dos personas condenadas por violación de menores recuperaron su libertad tras acceder a estos beneficios. A nivel nacional, el propio ministro Fernando Rabat reconoció que la mayoría de los 56 condenados beneficiados podría haber salido de prisión, aunque no precisó cuántos se encuentran efectivamente en libertad.

Una controversia que sigue abierta

La ofensiva parlamentaria se suma a los cuestionamientos expresados por especialistas en Derecho respecto de la interpretación de las normas que regulan estos beneficios.
Entre ellos se encuentra la carta suscrita por 18 académicas de distintas universidades, incluida la exministra Laura Albornoz, quienes emplazaron a Rabat a considerar el interés superior de niños, niñas y adolescentes y las obligaciones del Estado en materia de protección de sus derechos.

Con el anuncio de las seis bancadas, la controversia ingresa ahora a una nueva etapa de fiscalización parlamentaria, en la que deberán establecerse tanto los fundamentos jurídicos de las decisiones adoptadas como las eventuales responsabilidades políticas.
La suspensión de nuevas tramitaciones no cierra, por sí sola, el debate sobre los decretos ya dictados ni sobre los mecanismos disponibles para revisarlos.